Uribismo: consolidación de la descomposición moral del Estado burgués.

3era. Parte
Escrito por Jesús Santrich, integrante del Estado Mayor Central de las FARC-EP

Preguntémonos, para seguir dando argumentos fácticos de esta corruptela criminal que envuelve los procesos electorales en Colombia: ¿desde dónde se definieron las candidaturas parlamentarias de las últimas elecciones, y por qué no habría de ser similar lo de las votaciones Presidenciales? Los capos mayores de la politiquería tradicional procesados por sus vínculos narco-paramilitares, hicieron sus diseños de triunfo desde las cárceles, en gran medida. Y los contrincantes que “no querían tener problemas”, pero aspiraban a curul o cargo burocrático decidieron también cantarle loas a la “Seguridad Democrática” uribista para que los perdonavidas del poder permanente los admitan en el círculo fascista que rodea la institucionalidad colombiana.

- Por el pueblo y para el pueblo se hace todo, todos componen el pueblo y cada uno debe obedecer al pueblo, porque el pueblo es el Soberano.
(Rodríguez Simón: Obras Completas. Caracas, Venezuela, 1975. T.II, p. 289).
- Aunque sea errada esta máxima, la he tenido siempre: que en los gobiernos no hay otro partido que someterse a lo que quieren los más.
(Bolívar Simón, carta al Sr. José María del Castillo Rada. Guayaquil, 13 de septiembre de 1829).

Pero no nos alarmemos, recordemos que ello está antecedido de una verdadera “tradición” de contravalores impuesta por el terror. Recordemos que la desvergüenza con que comenzaron a actuar los “cuadros paramilitares” de la oligarquía, con toda la complacencia del Estado y los partidos de la derecha y hasta de la seudo-izquierda de Gustavo Petro, llegó a una situación tan repulsiva que en no pocas veces se escuchó decir a Salvatore Mancuso, hablando como si fuera el dueño del país, que con seguridad dominaría el 30 % o más de las curules del Congreso. Seguridad que le venía del control económico que tenían sobre las sucias financiaciones electorales y del poderío que les venía del ejercicio del terror que ellos y la Fuerza Pública aplicaban contra la población en extensas áreas. Así, con poca antelación a la primera “elección” Presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el paramilitarismo hablaba del control del 35 % del parlamento. Pero este control se extendía a muchas otras instancias de la institucionalidad Estatal.

La configuración del Estado paramilitarizado, estaba reforzándose y tomando cuerpo legal y para-legal al mismo tiempo. De aquel apoyo de Álvaro Uribe a Las CONVIVIR, de sus lisonjas con generales genocidas como Rito Alejo del Río, de sus concesiones aeroportuarias a los narcotraficantes en su época de jefe de la Aeronáutica Civil, se iba pasando a concreciones mayores y al descaro en el amancebamiento.

No causaba sorpresa escuchar a Carlos Castaño decir, por ejemplo, que “Álvaro Uribe es en el fondo el hombre más cercano a nuestra filosofía”, pues durante el proceso de paz de la insurgencia con Pastrana compartían causa de oposición y desde su laya común de terratenientes, participaban conjuntamente en el despojo de tierras a los campesinos y se relacionaban en el negocio del narcotráfico.

La historieta, entonces, de que el discurso duro de Álvaro Uribe en contra de la guerrilla ante el fracaso del proceso de paz del Caguán, fue lo que lo llevó a la Presidencia, es una mentira de los guerreristas, entre los que se incluye a los grandes medios de desinformación que propalaron luego la tristemente célebre teoría del “efecto teflón”, para indicar que todo lo que se decía contra Uribe no lo afectaba. El teflón, el efecto de material resistente a toda crítica, el efecto de hechura no corrosible del narco-Presidente, era sólo la gran mentira mediática ideada para que el fascista actuara a sus anchas.

Con seguridad nadie sensato en Colombia, nunca, ha querido que se profundice la guerra sino que se encuentre la solución política dialogada del conflicto. Sólo los actores de la sanguinaria explotación capitalista, los latifundistas y grandes propietarios que no desean ver sus privilegios afectados porque tengan que aportar al establecimiento de la justicia social, le apuestan a la guerra. Por ello para llevar a Uribe al poder no contaron con la política como servicio a la sociedad, sino con los procedimientos que hemos mencionado, todos dentro del fraude, el engaño, el terror y el belicismo sucio que nos respeta normas de ningún tipo.

No es la improbable derrota de la guerrilla en el campo de batalla, puesta como posibilidad por los ilusos belicistas que le rinden culto a las trasnacionales del dólar; no es la rendición incondicional de la insurgencia, cuando hay causas de sobra que justifican el levantamiento armado del pueblo, lo que hace “ganar” a Álvaro Uribe las elecciones. Admitir eso es consentir la mentira de que este personaje generó opinión mayoritariamente favorable al proyecto fascista que le diseñó el imperio y que fue adobado con sus sentimientos mafiosos de venganza y odio. Pero en esta vagabundería participó la dirigencia bipartidista liberal-conservadora más retrógrada, avalando de una u otra manera, o atrincherándose los gamonales en los grupúsculos que el paramilitarismo y ellos, financiaban conjuntamente para llevar adelante su garantía electorera de triunfo fraudulento.

El bipartidismo no es inocente de esta desfiguración de la institucionalidad burguesa tradicional. Fue uno de sus principales mentores, ya de manera complaciente, permisiva y hasta activa. Por eso no es de extrañar que se hubiese podido configurar una colcha seudo-política llamada Partido de la U con los pedazos del oficialismo liberal que se reconvirtieron y con el furgón de cola en que se convirtió el Partido Conservador, agarrado a esa fascista máquina de muerte, mediante los pernos del oportunismo burocrático más detestable.

Con el Uribismo, la descomposición moral del bipartidismo tocó fondo; la extrema derecha y los sectores más putrefactos e impúdicos de la oligarquía pro-yanqui, trastocada por el narcotráfico y su mentalidad siniestra se afianzaron en el poder. Sólo como honrosas y esperanzadoras excepciones, existen en esos viejos partidos gente liberal y conservadora decente que se mantiene en la política asumiéndola como servicio a la sociedad, pero que también son estigmatizados como terroristas si se atreven a levantar una opinión contundente en oposición.

Esa es la caracterización más sencilla que se puede lograr de la realidad política ligada al orden burgués predominante en la década de inicio del siglo XXI. Su descomposición puso en práctica sin empacho alguno, más que en ninguna otra época, el oportunismo, el camaleonismo, la deslealtad frente a los principios, la ley del sapo y la venalidad ejecutada de la mano de las delaciones alentadas con el establecimiento de las llamadas redes de informantes y los favoritismos para quienes apoyaran la criminalidad contrainsurgente que ha cobrado la vida a millares de inocentes, etc.

Qué más se podía esperar de un Presidente “elegido” o, mejor, impuesto con todos los antecedentes mencionados. El fraude y el engaño se evidenciaron de manera incuestionable en la primera “elección” de Álvaro Uribe Vélez. Público se hizo el hecho de que la alianza con los paramilitares de la costa Atlántica, posibilitó la presión a la población y el monumental fraude del que suficientes evidencias se recogieron de los departamentos del Cesar, Guajira, Córdova y Magdalena; lo cual se tradujo, según la conocida denuncia del mencionado ex director de informática del DAS Rafael García (otrora hombre de confianza de Álvaro Uribe), en 300.000 votos, que fue lo que le permitió “ganar” sin pasar a la segunda vuelta.

Como ahora con Juan Manuel Santos, la OEA ni ningún organismo internacional de este tipo, cuestionaron los resultados, pues lo importante para ellos es que se trata de “un triunfo de la democracia” (¿?).

Ya en la Presidencia narco-paramilitar de Uribe Vélez, la propulsión del tipo de Estado gansteril, se aceleró, y el crimen fue su motor principal; ahora contaría con ingentes recursos, suficientes para beneficiar a los socios y pagar por la muerte de los contradictores.

Los asesinatos y masacres se volvieron pan de cada día; se cotidianizaron tanto que la misma prensa burguesa se encargó de trivializarlos e insensibilizar a su público frente a los crímenes. Total, se estaba combatiendo a las FARC, organización a la que pusieron en el papel de demonio y enemigo común. Frente a ello la oligarquía era y es laxa en “comprensión”, como lo son los analistas “demócratas” de “centro”.

Por todo eso les fue tan sencillo, sin opinión en contra que se pudiese sentir en los medios, actuar a sus anchas; que se dieran casos ignominiosos contra la dignidad humana en centros urbanos en cabeza de generales como Montoya, del ejército o Gallego, de la policía, perpetradores de la masacre de la Comuna 13 de Medellín, sobre la cual aún no hay certeza sobre el número de muertos que en todo caso sumó centenares de víctimas. Según las confesiones del paramilitar alias “Don Berna”, los muertos fueron lanzados al río Cauca y para hacer el traslado desde la comuna al río, Montoya facilitó a los paramilitares, indumentaria de la Fuerza Pública y del CTI de la policía. He ahí otro ejemplo de la eficacia de la “Seguridad Democrática”, expresa para entonces en la operación Orión, que fue el nombre con que bautizaron aquella masacre.

Así, se ha configurado el aparataje para el control del poder en manos de esta necrófila casta de mafiosos. Así lograron consolidarse, en manera tal que, en poco tiempo, en el 2003, con fuerte control paramilitar en la composición de la represión estatal lograron dominar más de un tercio del congreso, más de la cuarta parte de los gobiernos municipales, incluyendo alcaldías y concejos y al menos nueve gobernaciones, o influyeron en ellas a partir de las asambleas y las alcaldías.

He ahí la “democracia” de la “Seguridad Uribista”. Todo consolidado con la fuerza, el fraude y la pantomima electoral.

Ya a veces sin recato de ningún tipo, siguieron eliminando opositores, intimidándolos para sustraerlos de la contienda, comprando conciencias, subordinando con el terror, imponiendo aspirantes y regentes, como ocurrió en el representativo caso de la gobernación del Cesar, donde Hernando Molina fue candidato único porque todos los demás fueron obligados por el paramilitarismo a renunciar.

Es el Estado paramilitarizado, pero con la actuación de sus fuerzas para-institucionales con un protagonismo tal, que entraban a tener mayor preponderancia que la institucionalidad formal. La institucionalidad llegó a parecer y efectivamente a estar, en muchos espacios, subordinada al paramilitarismo. En todo caso, se trata de la configuración del Estado gansteril cimentado con la voluntad esencialmente mezquina de los oligarcas apátridas, a la que se han sumado no pocos claudicantes y arrepentidos de “izquierda”, como sucede con el “flamante” Angelino Garzón (actual vice Presidente electo), Lucho Garzón, Julio Roberto Gómez (Presidente de la Central General de Trabajadores Democrático, CGTD) y otros batracios de esa charca pestilente que es la traición.

Esta es la esencia subyacente y abyecta del Estado que ayudó a estructurar Juan Manuel Santos. En él impera el favoritismo, el falso patriotismo, la subyugación total al imperio, y obviamente la impunidad garantizada en una red de mutuo encubrimiento criminal que ahora implica el compromiso del nuevo gobierno en cuanto a blindar de cualquier acción judicial la criminalidad del saliente mandatario.

Toda la derecha, y sobre todo la extrema derecha, se juntan en esa cosa maloliente que Juan Manuel Santos ha llamado “Unidad Nacional” y que parece ser no otra cosa que la unidad en cuanto a complicidad, que garantice la justificación y protección de los desafueros del pasado inmediato, previendo que ellos no han de cesar sino que se han de incrementar; pues, recomponer un régimen cruzado por la ilegitimidad propia del terrorismo de Estado, el crimen, la corrupción y la impunidad no será posible si se persiste en la estrategia mezquina de actuar no en función del bienestar social sino de la seguridad inversionista para las trasnacionales y en especial para el capital financiero.

Así, aunque – como principio- la insurgencia esté siempre dispuesta al diálogo para resolver los problemas sociales que han generado el conflicto, no será posible llegar a una estancia de paz si se persiste por parte del gobierno en sostener los mismos procedimientos de impunidad a los que pusieron nombres rimbombantes como “Ley de Justicia y Paz”, que han sido efugios para impedir la sanción que merecen los criminales de guerra del Estado y de la para-institucionalidad y, donde no se pueda, pues se sacrifica uno que otro chivo expiatorio, como ocurre con los paramilitares que fueron extraditados en el momento en que comenzaron a señalar a los oligarcas responsables de la crisis humanitaria que padece Colombia.

Entretanto, no ha habido ningún resarcimiento real para los dolientes de los muertos y para todas las víctimas.

Continuando con la descripción de la era Uribe, agreguemos que después de aquella primera elección “ganada” fraudulentamente en la primera vuelta electoral, se le torció el cuello a la Constitución de 1991, mediante el delito de cohecho y con otros procedimientos fraudulentos. Se hizo, entonces, la “reforma” de la Carta Constitucional que dio paso a la reelección Presidencial consecutiva, la cual estaba expresa y taxativamente prohibida por los constituyentes de 1991.

Pero este es otro capítulo de corrupción a gran escala que no es del caso explicar ahora en detalle. En todo caso, se compró congresistas, se abrió el capítulo vergonzoso que protagonizaron los parlamentarios Yidis Medina y Tedolindo Avendaño, quienes vendieron sus votos, la primera para favorecer el cambio constitucional que permitiera la reelección y el segundo para no asistir a una cesión de votación que era fundamental para tomar la resolución final. Estos dos actores son el símbolo de la venalidad parlamentaria, el símbolo del fraude en los altos niveles de la institucionalidad, pero un fraude en el que la parte activa, oferente, en el delito de cohecho, la protagonizaron ministros y altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que entregando puestos burocráticos y notarías públicas, fueron los encargados de garantizar la deshonesta conducta parlamentaria que favoreciera la reforma reeleccionista.

Y como generalmente ocurre, de nada valió que la Corte Suprema de Justicia fallara por cohecho en contra de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, pues la reelección se abrió paso y los actores activos del delito, todos de parte del gobierno, pasaron de agache por cualquier tipo de sanción.

Hoy por hoy, el maridaje entre los políticos consentidos del régimen, el empresariado de las trasnacionales y los paramilitares, es ampliamente conocido, y es un hecho comprobado que su incidencia electoral se dio en el 2002 hasta el nivel Presidencial, y su influjo y auge avanzó hasta el punto en que en julio de 2004, los sanguinarios paramilitares Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque y Ramón Isaza, entraron como si fuesen “grandes señores” a ese establo de Augias que es el Congreso de la República de Colombia, donde fueron recibidos con ovaciones y aplausos de pie por los parlamentarios serviles que habían sido puestos allí por esos asesinos. Era esa la pintura de la descomposición moral de la institucionalidad burguesa, que permitió que el paramilitarismo tuviera una grande bancada de genocidas. La sede del Congreso sirvió para que los criminales lanzaran discursos; todo en función de que se les fuese generando un ambiente de protagonismo político, para lo cual se les aprobó esa ley de impunidad que llamaron “de justicia y paz”. En fin, con la influencia del gobierno y la bancada parlamentaria paramilitar se les abrió nuevos y amplios espacios clientelares a los paramilitares en todo el país y se les fue otorgando más poder político, como quedó demostrado en las elecciones parlamentarias de 2006, según se puede deducir, por ejemplo, de todos los datos e informaciones incautadas a Edgar Fierro (alias Don Antonio), y que se reconfirman con las confesiones de Jorge Cuarenta que era su Jefe Inmediato.

Cuando desde la cárcel de Itagüí, donde habían sido trasladados para purgar penas ridículas, los paramilitares comenzaron a decir verdades que salpicaban a la alta jerarquía oligárquica y al alto gobierno colombiano, este decidió colocarlos en el papel de chivos expiatorios y los extraditó, a los principales, hacia Estados Unidos. No obstante, ya hacia mayo de 2008, la lista de políticos aristócratas salpicados era bastante grande, al punto que si hoy perdía un congresista su investidura por motivo de las investigaciones de la para-política, quien lo seguía en la lista de relevos no podía asumir porque también estaba involucrado en el remolino paramilitar. Todo ello ponía en mayor evidencia algo que era vox populi, en cuanto a que el régimen político y electoral en su conjunto, estaba plagado de narco-paramilitarismo; que estaba, digamos, totalmente intervenido por la presencia de las alianzas entre los más terribles paramilitares y los más corruptos gamonales y politiqueros del país. Así, nombres como el de Mancuso, Don Berna, Jorge 40, Ernesto Báez, Carlos Mario Jiménez (alias ‘Macaco’), y Rodrigo Pérez Alzate (alias ‘Julián Bolívar’), entre otros, eran los capos dueños del 35 por ciento de las curules parlamentarias, con amplio poder de definición en las altas esferas políticas del país, lo cual necrosó aún más al conjunto de las odiosas elites que regentan el poder, las cuales al tiempo que se paramilitarizaban, acumulaban las tierras y bienes que le eran arrebatados a los desplazados por la violencia; se apropiaban de los bienes que despojaban a los más humildes y aún lo siguen haciendo.

La farsa de la desmovilización subsiguiente a la de la expiación con los chivos oligarcas que extraditaron, quedó arrollada por la presencia de lo que propagandizaron con el nombre de “bandas emergentes”, plenamente articuladas con los mandos militares y de policía que continuaron el desarrollo de la estrategia sin desligarse del control del narcotráfico, la represión, los crímenes y el despojo desbordados por la “Seguridad Democrática”.

El Uribismo ha aplicado de manera intensa la guerra sucia, el paramilitarismo, como política de Estado, asumiéndolo como un instrumento estratégico, de fuerza, que imprime un carácter extremadamente avieso de lo que tradicionalmente, incluso, se define como Estado de Derecho en la conceptualización burguesa. Este nuevo tipo de Estado, que se sigue haciendo llamar Estado de Derecho sin serlo, ha extremado el interés individual de unos pocos y en el paroxismo de su tiranía esgrime ser un “Estado de Opinión”, cuando en realidad es un Estado terrorista que ha establecido el imperio del oscurantismo más reaccionario en el que se somete el país a los designios de Washington, sirviéndole de punta de lanza para sus pretensiones re-colonizadoras. Desde el poder local la oligarquía criolla ha lanzado al país por el abismo de la decadencia a l extremo de ubicar como gobernante a un mafioso, pendenciero, asesino como Uribe Vélez y a personajes de mentalidad fratricida que no han hecho sino repetir las babosadas de este elemento nefasto de la historia política de Colombia, y aunque hay quienes creen que “sin la guerra no habría sido posible ni necesario el Uribismo”, lo cierto es que el Uribismo no es más que uno de los formatos extremos del guerrerismo oligárquico que en lo interno, mediante la “Seguridad Democrática” ha impuesto la confrontación bélica a un pueblo al que le han cerrado las opciones de lucha democrática, despojando, desplazando, asesinando, masacrando, reprimiendo, encarcelando, acallando la palabra inconforme de las mayorías empobrecidas a las que también pretenden manipular con los subsidios de hambre a que los condenan. Y en lo externo han generalizado las hostilidades y la desconfianza irrespetando las normas internacionales y sentando con arrogancia la absurda tesis de la “guerra preventiva”, con la que pretenden tener las manos libres para arremeter militarmente más allá de las fronteras, tal como lo hicieron contra Ecuador en marzo de 2008.